Nueva amenaza de despojo

Mirada antropológica

Rodrigo Llanes Salazar (*)

“Estamos entre dos grupos”, me comenta con angustia P. “Entre el grupo del comisario ejidal, que está con el empresario Carlos Abraham”, por un lado, y “un grupo amplio de ejidatarios, que está con otro inversionista, del consorcio Xcaret, que están buscando la destitución del comisario ejidal”, por otro. Los dos grupos quieren vender las tierras de Chablekal, una comisaría al norte de Mérida sumamente atractiva por la plusvalía de la zona.

P. es uno de los integrantes de la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales (“Unión”), organización que se conformó en agosto de 2014 para detener la venta legal e ilegal de tierras del ejido de Chablekal.

Como han documentado Gabriela Torres-Mazuera y Jorge Fernández Mendiburu en su artículo “Los pobladores mayas de Chablekal versus el ejido de Chablekal” (publicado en el libro “Pueblos indígenas y Estado en México”, CIESAS, 2017), la venta ilegal de tierras en Chablekal y en otros ejidos de Yucatán se remonta por lo menos a inicios de la década de los noventa, tras el fin de los subsidios para el henequén.

Estas transacciones han sido posibles por las tramas de corrupción e impunidad tejidas entre autoridades ejidales, autoridades agrarias y empresarios. Tan solo en el caso de Chablekal, hacia el año 2014, más de tres mil trescientas hectáreas del ejido (que representan el 74% de la totalidad del ejido) habían sido parceladas y vendidas. Entre estas transacciones se encuentran las tierras en las que se construyó el lujoso complejo residencial Country Club: según Torres-Mazuera y Fernández Mendiburu, el gobierno estatal solo pagó 10 de los 16 pesos que se había comprometido a pagar a los ejidatarios por el metro cuadrado vendido.

Pero el caso del Country Club no es el único que conocen las y los pobladores de Chablekal. Entre los muchos agravios que han sufrido se encuentran el desconocimiento de derechos ejidales de varios de sus habitantes, cambios ilegales del destino de las tierras del ejido, recibir menos o nada de dinero por las ventas de sus tierras y, sobre todo, perder la capacidad de decisión sobre los asuntos de su pueblo: más de cincuenta empresarios y exfuncionarios agrarios figuran ahora en el padrón ejidal de Chablekal. A pesar de que ninguno de ellos vive en la localidad, son sus decisiones las que determinan el destino del pueblo.

Para varios integrantes de la Unión, ahora es un empresario, Carlos Abraham, quien manda en el pueblo.

M. y B., pobladoras integrantes de la Unión, expresan con preocupación que en Chablekal suceda lo que ha pasado en otras localidades de la zona: relatan que en Temozón, al noreste de Mérida, se remodeló una iglesia y ahora, en ocasiones, solo “los de dinero” pueden ir, mientras que en la lujosamente restaurada hacienda de Xcanatún se celebró una boda y ese día autoridades prohibieron a la gente del pueblo salir a las calles. Temen que sean las élites económicas y políticas las que ahora sean las dueñas de los pueblos de Yucatán.

R., un joven integrante de la Unión, que durante una reciente asamblea portaba una playera del Concejo Indígena de Gobierno, creado a propuesta del Consejo Nacional Indígena (CNI) y que actualmente impulsa la candidatura independiente de su vocera representante, María de Jesus Patricio, “Marichuy”, no solo denuncia que un empresario pueda ser quien manda en el pueblo, sino también la falta de autonomía en el ejido. Sin embargo, destaca que la Unión cuenta la ventaja de estar acompañada por Equipo Indignación, organización de defensa y promoción de derechos humanos que tiene su sede en Chablekal. Indignación, comenta R., tiene contactos con otras luchas y han aprendido de ellas.

Así, las pobladoras y pobladores de la Unión ya no solo exigen “un pedazo de tierra”, señala R., sino que también reivindican los siete principios del CNI: servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar.

En su lucha, la Unión ha logrado detener la venta de 284 hectáreas de montes en el polígono Misnebalam. El 11 de noviembre de 2016, el juez primero de Distrito con sede en Mérida otorgó un amparo a la Unión ordenándole al Tribunal Unitario Agrario conceder una medida precautoriamente para que “las cosas (las tierras de Misnebalam) se mantengan en el estado que actualmente guardan”. Asimismo, el Tribunal Unitario Agrario dictó que se “respete la superficie de tierras que tengan en posesión los integrantes de la Unión de Pobladoras y Pobladores, que son la parte actora del presente juicio agrario”.

Fue precisamente en el polígono Misnebalam donde, en agosto del año pasado, la Unión celebró sus tres años de lucha, realizando varias actividades que muestran la biodiversidad del monte: alimentos, plantas medicinales y maderas con múltiples propiedades y usos.

Sin embargo, el comisario ejidal de Chablekal ha desconocido la medida precautoria para Misnebalam y los dos grupos mencionados al inicio, el del comisario ejidal y el opositor a éste, están ofreciendo en venta las tierras de Misnebalam a empresarios.

Por ello, el pasado 17 de octubre, tres integrantes de la Unión interpusieron una controversia agraria ante el Tribunal Agrario, en donde expresan la “gran preocupación e incertidumbre que se está viviendo en nuestro pueblo sobre todo en estas últimas tres semanas ante los intentos y amenazas de los ejidatarios”.

“Nos preocupan —señala la Unión en su escrito— las intenciones del señor Pedro Santana Trujeque, comisario ejidal, así como del señor Luis Can Guardia, del consejo de vigilancia, con sus respectivos integrantes, de querer insistentemente vender el polígono de Misnebalam”.

“Están cegados por el dinero”, agrega R., refiriéndose a los ejidatarios que quieren vender Misnebalam y las otras pocas tierras que quedan en Chablekal.

La situación se complicó a fines del año pasado ya que, de acuerdo con lo expresado por la Unión en la controversia antes citada, “los ejidatarios han comprometido con nuevos inversionistas, que no son del grupo de Carlos Abraham Mafud, alrededor de 350 hectáreas de tierras, mismas que hasta ahora siguen siendo parte del polígono restringido y declarado parque nacional de Dzibilchaltún”.

Por ello, como ha reportado Diario de Yucatán, se han dado varias situaciones tensas y conflictivas en los últimos meses en Chablekal, en donde el grupo que se ha comprometido con los nuevos inversionistas busca destituir al comisario ejidal. Para tal propósito, se ha convocado a varias asambleas ejidales sin que ninguna haya podido realizarse hasta el momento.

El conflicto anterior ha revelado aún más problemas en Chablekal y en el funcionamiento de la justicia agraria. Las y los pobladores de la Unión ven con indignación que, ante los intentos de destituir al comisario ejidal, éste haya recibido inmediatamente medidas de protección por parte del Tribunal Unitario Agrario, cuando la Unión ha luchado por años para que apenas se protejan algunas hectáreas de tierra.

Para P., esta situación revela el mal funcionamiento de la justicia, lenta para el pueblo y rápida y eficiente para las autoridades y empresarios.

Pero la nueva amenaza de despojo que acecha a Chablekal no es la única en Yucatán. En todo el Estado y la Península, las comunidades viven amenazas similares ya sea para la siembra de monocultivos o para el desarrollo de gigantescos parques eólicos y solares. Y la amenaza no es solo para las comunidades, las cuales se quedarían sin tierras y sin poder de decisión sobre la vida de sus pueblos. En tanto que estos proyectos implican por lo general la deforestación de cientos de hectáreas de monte, también es el patrimonio biocultural de Yucatán el que está en riesgo.

En tiempos próximos a las campañas electorales, los candidatos deberán dar a conocer sus posturas sobre los problemas de despojo a las comunidades mayas y qué medidas tomarán para garantizar la protección de sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano.

Finalmente, como explica R., es el propio Estado el que ha sido “intermediario de los empresarios para la venta de tierras”.— Mérida, Yucatán.

rodrigo.llanes.s@gmail.com

@RodLlanes

Investigador del Cephcis-UNAM

Nota tomada del periódico “Diario de Yucatán”

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