Colectivo de 30 pueblos mayas de Yucatán exigirá el respeto a sus derechos y a sus tierras

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Pedro Uc durante su participación en el encuentro de dirigentes comunitarios mayas en Mérida

Mérida, Yucatán, 16 de enero de 2018 (MayaPolitikon)– Dirigentes de una treintena de pueblos mayas de la Península de Yucatán reunidos en un colectivo decidieron plantar cara juntos a los megaproyectos energéticos que amenazan su territorio y sus recursos naturales, el modo de vida de los pueblos mayas.

Constituidos en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal (Caminar juntos), los dirigentes exigirán “que la implementación de los megaproyectos en su territorio sea apegada a los derechos de los pueblos originarios,  que sean bien informados y que cuenten con asesores de su elección”, según explican en un boletín enviado a elchilambalam.com

“No buscamos negociar los precios de la tierra, sino el respeto irrestricto de nuestros derechos, ya que la tierra no se vende, ni se renta, porque es nuestra madre; es herencia de nuestros antepasados y el futuro de nuestros hijos”, expresaron de manera categórica.

En el primer encuentro Intercomunitario Indígena en Defensa del Territorio, efectuado el pasado 13 de enero en Mérida, los representantes de comunidades mayas observaron que “en menos de cuatro años el territorio maya se convirtió en un gran punto de atracción para los megaproyectos que generan energía eólica y solar”, y que actualmente están en marcha la implementación de 18 proyectos.

Hoy día “esos negocios incurren en innumerables irregularidades observadas durante la adjudicación de proyectos para la explotación de energías renovables, donde no se observó que se realice la consulta previa, libre e informada, ni los estudios de impacto ambiental y social, sino que entran al territorio con acciones “que aparentan beneficiar a las familias, ellos de antemano conocedores de la situación” actual en que viven las familias mayas, en donde no hay trabajo y atraviesan hace más de 30 años en serias crisis económicas y sus hijos emigran en busca del sustento, denunciaron en su texto de tres cuartillas.

Luego de señalar la indefensión de los pobladores mayas ante los enviados de las empresas, los dirigentes describieron como operan estos “actores externos” que llegan a las comunidades a dividir a la gente. “Primero diagnostican la situación del territorio elegido, luego con regalos y obras sociales doblegan a sus actores locales para que estos terminen apoyándolos para que implementen sus proyectos, y de esa forma, en su gran mayoría inician sin consulta y sin analizar los impactos positivos y negativos al implementarse este tipo de proyectos en estos lugares”.

“Los territorios donde se implementan este tipo de proyectos ahora quedan bajo seria amenaza porque al derribar la vegetación nativa, los animales silvestres se quedan sin alimentos, cobijo ni reproducción, los cuales terminarán por afectar los otros espacios que se dediquen a las milpas; asimismo, al no haber floración el ramo afectado directamente será la apicultura. Los proyectos también tendrán un impacto negativo en la filtración natural del agua y la recuperación permanente de los suelos agrícolas”, advirtieron los voceros comunitarios.

Romper la cadena biológica devastará el suelo, y  los seres vivos que habitan el monte (aves e insectos, polinizadores ambos) serán también afectados. La vivienda, la alimentación y la cultura  de los pueblos mayas están estrechamente ligadas al monte, a sus animales, a la milpa, a los lugares sagrados, al territorio, al entorno maya actual y por lo tanto a la existencia de sus pueblos está en peligro.

“Nos impactará seriamente el calor, el ruido que generen las veletas de aire, y de la misma forma a los pájaros y a los animales en general, y sin contar los múltiples efectos directos al suelo y a la filtración del agua”, señalaron los participantes.

Denunciaron cómo los visitadores agrarios e instancias de gobierno “legitiman las reuniones que favorezcan los megaproyectos sin que realmente consideren  las leyes mexicanas, como es el artículo 1 de la Constitución que se refieres a los derechos humanos, ni de los signados a nivel internacional. Todo esto es una muestra más cómo el gobierno mexicano prioriza la entrega del territorio por encima de los derechos de los pueblos indígenas. Dichas concesiones se realizaron sin el consentimiento de las comunidades mayas que habitan dichos territorios, por lo tanto, y al no haber consulta previa, libre e informada, representa una franca violación al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 2 de nuestra Carta Magna.

Por otra parte, muchos de estos proyectos que han sido adjudicados a empresas trasnacionales no cuentan con los requisitos marcados por la ley, en algunos casos carecen de documentos, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), permisos para el cambio de uso de suelo, o bien, en violación a las leyes de conservación y los ordenamientos ecológicos territoriales.

Las comunidades, explicaron, padecen hostigamiento de parte de funcionarios, desinformación generada entre los ejidatarios, negativa a reconocer a autoridades electas por la comunidad, así como la manipulación de los procedimientos, pues en algunos casos orillaron a que las comunidades firmaran los convenios con base en información falsa o incompleta.

Para luchar contra esta situación nació el colectivo Múuch’ Xíimbal, “un espacio de intercambio, análisis y organización, pero sobre todo de creación de estrategias de lucha para la defensa del territorio, porque defender nuestro territorio es defender la vida de los pueblos mayas y nuestra vida, porque el territorio es nuestra casa”, asentaron.

No hay una vía clara sobre cómo contactar al colectivo pero se espera que pronto establezcan un canal apropiado para dialogar con la comunidad.

Nota del blog Mayapolitikon

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